Una correduría guarda pólizas, datos bancarios y, en vida y salud, información médica de sus clientes, y entra cada día en los portales de muchas aseguradoras. Pocas personas con acceso a mucho.
DNI, cuentas bancarias, historial de siniestros y, en seguros de vida y salud, cuestionarios médicos. Una mezcla de datos que el RGPD protege especialmente.
Un usuario y una contraseña por compañía, muchas veces compartidos en la oficina o guardados en el navegador. Con ellos se ven y se modifican las pólizas de toda la cartera.
Indemnizaciones y devoluciones que se pagan a la cuenta que indica el cliente. Si alguien cambia esa cuenta por correo, el dinero va a otro sitio.
El cliente confía en su mediador para algo tan delicado como su salud o su casa. Una filtración pone en riesgo una relación de años.
Caso 1
Tras un siniestro, llega un correo «del cliente» con un justificante y una cuenta nueva para cobrar la indemnización. El correo viene de su dirección real, porque se la han robado. La correduría tramita el cambio y la aseguradora paga a la cuenta equivocada.
Qué lo frena: Ningún cambio de cuenta de un cliente se aplica sin confirmarlo por teléfono con él, al número que ya constaba en su ficha.
Caso 2
Todo el equipo entra al portal de una aseguradora con el mismo usuario, que está apuntado en un post-it y guardado en todos los navegadores. Un equipo infectado basta para que alguien de fuera entre a la cartera, y nadie sabe quién hizo qué.
Qué lo frena: Usuarios individuales en cada portal, doble factor donde la aseguradora lo permita y un gestor de contraseñas en lugar del navegador.
Caso 3
Los cuestionarios médicos y los informes de los clientes van y vienen por correo y se quedan años en las bandejas de entrada. Un buzón comprometido es una filtración de datos de salud de toda la cartera.
Qué lo frena: Un sistema único y seguro para intercambiar documentos con clientes, doble factor en el correo y limpieza periódica de lo que ya no hace falta guardar.
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